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República Dominicana Lidera en Ética IA: Prohibidas la Clasificación Social y Manipulación Política Algorítmica

República Dominicana Lidera en Ética IA: Prohibidas la Clasificación Social y Manipulación Política Algorítmica

El gobierno dominicano aprueba un pionero Código de Ética de la Inteligencia Artificial para el sector público, vetando usos como la clasificación ciudadana o la manipulación política.

La carrera por la inteligencia artificial no solo se mide en avances tecnológicos, sino también en la madurez de su gobernanza. En un movimiento que posiciona a la nación caribeña a la vanguardia regional, República Dominicana ha aprobado un Código de Ética de la Inteligencia Artificial para sus servicios públicos. Este decreto, firmado el 2 de noviembre de 2026, establece límites claros y salvaguardas éticas para la implementación de la IA en el ámbito estatal.

Un Marco Regulatorio Pionero para la IA Pública

El Decreto 787-26, anunciado oficialmente entre el 4 y 5 de noviembre, no es un simple formalismo; es una declaración de principios. La normativa prohíbe explícitamente el uso de sistemas de IA para:

  • Clasificación social de ciudadanos que condicione el acceso a derechos y servicios públicos.
  • Manipulación de opiniones políticas o desinformación institucional.
  • Identificación biométrica masiva e indiscriminada en espacios públicos sin garantías legales.
  • Predicción criminal basada en el lugar de residencia, origen étnico o situación económica.
  • Decisiones penales autónomas sin intervención humana directa.

“Este Código es un paso esencial para asegurar que la tecnología sirva al ciudadano, y no a la inversa. Es un faro de lo que significa una IA responsable en el sector público”, comenta un analista experto en gobernanza digital.

Evaluación de Impacto Ético y Transparencia Obligatoria

La nueva regulación establece que los sistemas de IA considerados de alto impacto deberán someterse a una rigurosa Evaluación de Impacto Ético y de Derechos antes de su puesta en funcionamiento. Esta categoría incluye herramientas que puedan incidir en el acceso a derechos, beneficios sociales o potestades sancionadoras.

Además, se crea el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un organismo con representación gubernamental, empresarial, académica y de la sociedad civil, encargado de supervisar y coordinar la aplicación del Código. La ciudadanía también tendrá el derecho a saber cuándo un trámite o decisión administrativa ha sido respaldado por inteligencia artificial, fomentando la transparencia algorítmica.

“La era de la IA exige una redefinición de la confianza. Gobiernos como el dominicano están entendiendo que la innovación debe ir de la mano con la protección de los derechos fundamentales. No se trata de frenar el progreso, sino de dirigirlo hacia un futuro más justo y equitativo”, afirma un reconocido jurista especializado en tecnología.

Este movimiento subraya una tendencia global creciente: a medida que la IA se integra más profundamente en la vida pública, la necesidad de marcos éticos y legales robustos se vuelve imperativa. La iniciativa dominicana es un recordatorio de que la tecnología, por avanzada que sea, debe estar al servicio de la sociedad y sus valores democráticos, no por encima de ellos.

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